El Juicio a las Juntas el proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.
La sentencia condenó a algunos integrantes de las tres primeras juntas militares a severas penas. Éstos fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. A partir de 2006 la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos decretados.
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.
Julio César Strassera es un abogado argentino que fue el fiscal a cargo del juicio contra las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1982, periodo durante el cual se desempeñó como fiscal federal. Fue el fiscal acusador quien condujo el juicio a las Juntas. A pesar del apoyo del kirchnerismo a la derogacion de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003, a fines de 2008 Strassera acusó al gobierno nacional de no querer acelerar las causas por delitos de lesa humanidad.
